Política Pública en México

Doctrina Estrada 2.0
Recientemente se ha comentado muchísimo sobre las declaraciones del Presidente venezolano Hugo Chávez respecto del posible no reconocimiento de Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de México. Seamos completamente sinceros al respecto, el reconocimiento de Venezuela en el contexto internacional no da o quita legitimidad al próximo gobierno de Felipe Calderón. No obstante, es necesario poner las cosas en su justo contexto y dimensión desde el punto de vista de las tradiciones diplomáticas mexicanas.

Quienes se rasgan las vestiduras por esta falta de reconocimiento del gobierno venezolano, son en la mayoría de los casos quienes con mayor virulencia han criticado la decisión del gobierno del Presidente Fox de “romper con las tradiciones de la diplomacia mexicana”. Serviría entonces recordar una de las piedras angulares de nuestra tradición diplomática, la “Doctrina Estrada”.

La doctrina de referencia es una práctica de la política exterior mexicana consistente en que: “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros, en consecuencia, el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente a sus Agentes Diplomáticos y a continuar aceptando cuando también lo considere procedente a los similares Agentes Diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus Gobiernos o Autoridades”.

Siendo esta una de las más añejas tradiciones de nuestra política exterior, ¿porque habríamos de preocuparnos por el reconocimiento venezolano? En mi opinión la Doctrina es un camino de dos vías. En la medida en la que el gobierno de Venezuela no retire a sus agentes diplomáticos a partir del 1 de Diciembre (aún siendo de nivel de encargados de negocios) en lo que a México respecta, esto significa un reconocimiento del gobierno de Felipe Calderón y de México. Si por el contrario, el gobierno Venezolano retira a sus agentes diplomáticos, entenderemos que se elimina este reconocimiento y se romperían relaciones diplomáticas con Venezuela.

Digamos entonces que ponemos la pelota en la cancha del Presidente Chávez, si en efecto pretende desconocer a Felipe Calderón, tendrá que hacerlo rompiendo relaciones con México y dejar las declaraciones bravuconas y de pasillo de lado.

¿Usted que opina?

JE

De informes y Derechos
El día de ayer primero de Septiembre del 2006, debía ser el VI y último informe de gobierno del Presidente Vicente Fox. Todos sabemos de sobra que fue lo que transpiró en lo que debía ser la solemne sesión del Congreso. Los Diputados y Senadores del PRD tomaron la tribuna en el momento de la intervención correspondiente a dicho partido de acuerdo a lo dispuesto al artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso de Los Estados Mexicanos.
La toma de la tribuna tenía nominalmente la intención protestar y presionar para la eliminación del cerco de seguridad alrededor de San Lázaro (cerco de ocupación y violación de garantías lo llamaron). No entraré en el debate de calificar cual bloqueo se es violatorio de las garantías individuales si el de la PFP o el de los perredistas en Paseo de la Reforma, pero dejemos la comparación para que usted saque sus conclusiones.
Todos conocemos que la verdadera intención era evitar que el Presidente de la República dirigiera el mensaje al congreso y a la nación. No impedirle de presentar el informe que se establece en el Art. 69 constitucional, ya que se indica que lo presentará por escrito. Sino impedir lo que el presidente hace mejor, comunicarse con los mexicanos que aún lo piensan popular. El presidente en este caso no tiene ni obligaciones ni derechos legalmente constituidos para usar la tribuna y en este caso el tema es un asunto de percepción.
Sin embargo, hemos dejado de lado un asunto particular. El artículo 7 de la citada ley orgánica específicamente establece que “Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos”. La intervención del PRD de acuerdo con los dictados de dicho artículo sería la penúltima intervención, es decir, aún faltaba una intervención antes del informe presidencial, que hubiese sido la que correspondía al PAN. La toma de la tribuna y correspondiente negativa a dejarla hicieron que se hubiera tenido que suspender la sesión, en efecto limitando o eliminando el derecho de expresión de las posiciones políticas que el PAN pretendía plantear.
Lo que los legisladores del PRD hicieron, si bien dirigido al Presidente, no fue ilegal en los términos de lo que al ejecutivo refiere. Por el contrario fue violatorio al no permitir el uso de la palabra al representante del PAN, en clara violación de lo que dicta el artículo 7 de la ley orgánica del congreso. Esto significa una violación de los derechos políticos de dicho partido y claramente un rompimiento del marco jurídico.
Ahora, la pregunta fundamental, es cuales son las sanciones consignadas en dicha ley orgánica para las violaciones a la misma. El ordenamiento jurídico es complejo en este punto. El artículo 11 da sustento al fuero de los legisladores al establecer que “Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes”. Luego entonces procesar a los legisladores que participaron es imposible en términos de la violación de los derechos políticos de los legisladores panistas. Sin embargo la ley plantea sus propios mecanismos de sanción.
El artículo 20 del ya citado ordenamiento jurídico establece que la Mesa Directiva “conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley”. Asimismo, la fracción 2.f. del mismo artículo 20 establece que dentro de las atribuciones de la Mesa Directiva  está “Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina Parlamentaria”. Esto claramente quiere decir que la toma de la tribuna podría tener consecuencias para los legisladores del PRD.
Ahora bien cuales pudieran ser dichas sanciones está abierto a la interpretación. Sin embargo los demás partidos políticos pueden decidir establecer un ejemplo para que esto no ocurra nuevamente. Sería muy interesante saber si los legisladores del PRD están dispuestos a perder por ejemplo 15 días o un mes de Dieta por su protesta o recibir algún otro tipo de sanciones. El PRD no puede vivir dentro y fuera de la legalidad cuando les convenga y mientras violar los derechos de los demás no tenga consecuencias lo seguirá haciendo. La Mesa Directiva tiene una oportunidad para establecer el orden en la cámara de forma permanente, la pregunta hoy es ¿Se atreverán?
Todos los comentarios son bienvenidos….

Hace unos días Andrés Manuel López Obrador en uno de sus múltiples y diarios discursos planteó una nueva dimensión al conflicto post-electoral. Esta frase al parecer inocua tiene un potencial explosivo impresionante, lo dicho por AMLO: “Han hecho, aunque hipócritamente lo oculten, del color de la piel y del desprecio por los pobres y los de abajo, su causa mayor". Si esta afirmación es cierta, hemos vivido ampliamente engañados sobre la composición étnica y de las actitudes racistas de nuestra sociedad.

Si planteamos la afirmación en el contexto maniqueo que gusta AMLO, quiere decir que todos aquellos que no apoyan su causa o votaron por el son racistas. Flaco favor hace AMLO a la democracia ala firmar cosas como esta. Si consideramos en números redondos que de los casi 42 millones de votantes solo 15 millones de votantes más o menos votaron por el. En esa lógica somos entonces un país de 31 millones de racistas.

Con toda seguridad 31 millones de electores se sentirán inclinados a disentir con AMLO, esto por decir lo menos, la mayoría de ellos seguramente se sentirán ofendidos al ser claramente llamados racistas por una afirmación como esta.

Tachar a la mayoría de los electores de racistas o clasistas sería claramente peligroso para cualquier político en una democracia madura. Más aún, una afirmación como esta en una democracia en consolidación como la nuestra y en un país en el que el tema del racismo nunca ha sido parte del debate nacional solo puede ser considerada como incendiaria. En relación con esto, muchos piensan que “no está la pólvora para infiernitos”…

Entonces estimado lector, me gustaría preguntarle: ¿Qué tan racista se considera usted por no apoyar a AMLO en su lucha?

JE